Aumenta las penas para quienes cometen delitos en los estadios. En el oficialismo esperan que las bancadas opositoras planteen nuevas objeciones al texto.
La actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados de 2019 se abrirá el martes próximo con el debate, en un plenario de comisiones, del proyecto sobre violencia en el fútbol que aumenta las penas para los barrabravas que cometen delitos en los estadios, que debe ser votado nuevamente en el recinto, luego de que en diciembre pasado se votó en general pero su aprobación se trabó en la discusión en particular.
El oficialismo, que ubicó este proyecto como prioridad en la agenda parlamentaria para abrir el período ordinario de sesiones, buscará emitir dictamen en los próximos días de esta iniciativa para llevarla al recinto en la primera sesión del año, que sería convocada para el miércoles 27 de marzo.
Para ello, y según el cronograma diseñado por Cambiemos, la actividad parlamentaria formal de este período se iniciará el martes a las 15 en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, que preside la diputada Gabriela Burgos (UCR-Jujuy) y de Deportes, a cargo del kirchnerista Daniel Scioli, donde se avanzará en el dictamen del proyecto para penalizar a los barrabravas.
De todos modos, y si no se logra firmar en esa reunión el despacho, el oficialismo planea convocar nuevamente a los diputados de ambas comisiones para el jueves 21 de marzo, para ahí sí pasar a la firma el dictamen.
En esa línea, el oficialismo ya hizo circular en las últimas horas un borrador -que incluye propuestas planteadas por los bloques opositores en el recinto en la sesión de diciembre- y lograr de esa manera que el texto reúna mayores consensos en el plenario y luego en el recinto.
Si bien hay acuerdo en todos los bloques en avanzar en esta cuestión, en el oficialismo esperan que las bancadas opositoras planteen nuevas objeciones al texto, sobre todo teniendo en cuenta que la campaña de cara a las elecciones de octubre ya está instalada y el Congreso será su caja de resonancia con vistas a esos comicios.
Se trata del proyecto que fue reflotado por el Poder Ejecutivo luego del escándalo del River-Boca por la final de la Copa Libertadores y que fue debatido en el recinto en el marco de la convocatoria a extraordinarias.
Las diferencias en torno al alcance de las penas y algunos cuestionamientos sobre un posible desequilibrio respecto a las sanciones ya establecidas en el Código Penal, hicieron fracasar la sanción y se terminó votando la vuelta a comisión del proyecto.
“Tenemos que cerrar las puertas a las organizaciones mafiosas que utilizan el fútbol y se retroalimentan de hechos ilícitos. Nosotros queremos salvar al fútbol y proteger a las comisiones directivas de los clubes que son amenazadas por estos grupos”, aseveró Burgos en declaraciones a Télam.
Burgos rechazó de esta manera los cuestionamientos al proyecto recibidos en el marco del debate en el recinto en diciembre por parte de la oposición, que acusaban al oficialismo de ir en contra de los clubes de barrio y acusó a esos sectores de buscar “empiojar la cancha y confundir a la gente” con este tipo de argumentos.
De acuerdo al borrador impulsado por Cambiemos al que tuvo acceso Télam, el artículo 10, donde se empantanó la discusión en diciembre, establecerá una pena de prisión de 6 meses a 2 años para la venta, distribución y confección de entradas falsas, en tanto que esa pena se incrementará “al doble en su mínimo y en su máximo” cuando la conducta fuera cometida por un organizador o persona contemplada en la base unificada de datos.
En cuanto a los denominados “trapitos”, se impondrán penas de 1 mes a 2 años a quien ofrezca servicios de cuidado de vehículos sin la autorización correspondiente en las inmediaciones de los estadios, mientras que precisa que la pena será de 3 a 5 años de prisión cuando esa actividad sea realizada mediante la exigencia de una suma fija o variable de dinero.
Establece además penas de prisión de 1 a 4 años para los miembros de comisiones directivas y subcomisiones de los clubes que no puedan justificar la procedencia de un enriquecimiento patrimonial, ocurrido con posterioridad a la asunción de su cargo y hasta 2 años después de haber cesado en su desempeño.
Asimismo, la Base Unificada de Datos y Antecedentes relativos a Espectáculos Futbolísticos funcionará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación, que almacenará datos de las personas imputadas, procesadas o condenadas por infracciones al régimen penal relativos a la violencia en espectáculos futbolísticos.
Luego de aprobar este proyecto considerado clave para el oficialismo, la Cámara de Diputados volvería a reunirse en las primeras semanas de abril para tratar el financiamiento de los partidos políticos, que sería aprobado en el Senado la semana próxima.